El decreto para evitar la piratería en el charter náutico divide al sector en Ibiza y Formentera

¿Instrumento necesario para detener el intrusismo o un proyecto hecho para castigar a las empresas pequeñas y que no resolverá el problema? Depende de a quién se lo preguntemos. El proyecto de modificación del Decreto 21/2017 del Govern balear, que regula el alquiler de embarcaciones de recreo en las islas, ha dividido a los empresarios que se dedican al chárter náutico. Una división que incluso ha llegado a la Asociación de Náutica de Ibiza y Formentera, integrada en la Pimeef.

Mientras que un sector de la Asociación, incluido su presidente, se ha manifestado claramente a favor de esta iniciativa, otros empresarios también agrupados en la Pimeef se han posicionado en contra y han presentado alegaciones al borrador .

La propuesta del Govern obliga a que cada embarcación de chárter deba tener un punto autorizado en Balears para amarre, fondeo, embarque y desembarque. La idea es evitar malas prácticas como los fondeos y las operaciones en las calas, donde se realiza esta actividad fuera de todo control.

«Hay que prohibir el negocio en las calas»

«Lo vemos con buenos ojos y lo llevamos solicitando desde hace años», comenta Ramón van der Hooft, presidente de la Asociación Náutica de Ibiza y Formentera, quien explica que «en el sector sufrimos mucho intrusismo y no es correcto que las empresas que operan desde aquí, tienen los amarres aquí y que pagan lo que cuesta un barco en Ibiza, tengan que sufrir una competencia desleal».

«Vienen barcos de la península hasta aquí, y embarcan y desembarcan dentro de las calas. Hay que prohibir el negocio dentro de las calas. Por tanto, hay que tener un amarre fijo o un puerto base para hacer las maniobras de embarque y desembarque y la gestión de residuos y basuras. No se puede permitir que esto se haga en los fondeaderos», dice Van der Hooft.

Sin embargo, la obligación de disponer de un amarre deja fuera del mercado a muchas pequeñas empresas, ya que los amarres en verano en Ibiza van escasísimos y el precio es prohibitivo. Algo que el propio Van der Hofft admite: «Los puertos tienen los amarres que tienen y todo el mundo quiere operar aquí. Pero si abrimos todo el litoral para hacer una actividad sin regular, vamos a tener una saturación. Que haya falta de amarres no significa que debamos aceptar que todo el mundo pueda operar desde cualquier punto del litoral, como sucede ahora».

Sin amarres

No opina lo mismo Álvaro Aguirre, patrón de altura y propietario dela empresa One Day Charter, también asociado a la Pimeef. La suya es una empresa pequeña, que dispone de un barco a vela que en invierno funciona como escuela náutica y que en verano se dedica al chárter. «Pago 1.000 euros al mes por mi amarre en invierno en una marina, pero el día 1 de mayo lo tengo que dejar porque estos amarres están ocupados en verano por los barcos que vienen a hacer la temporada. Cuando empieza la temporada no hay amarres y no tengo más remedio que tener mi barco fondeado».

Para Aguirre, este decreto es el colmo de la situación porque «no solo nos quedamos sin amarres, sino que además nos quitan la posibilidad de hacer chárter. Esto es una ley que beneficia a muy pocas empresas». Niega también que el objetivo de esta iniciativa sea combatir la piratería: «Tengo todos los certificados y los papeles que tocan, pago el varadero en Botafoc, pago las reparaciones en Ibiza, estamos dados de alta en Ibiza, pagamos impuestos, estamos dados de alta en el ISMN, ¡cómo vamos a hacer chárter ilegal! Y ahora, los cuatro de turno que tienen amarre te dicen que tampoco puedes hacer chárter. Esto no es una solución».

Los empresarios que se oponen a esta medida se han agrupado en la Asociación Charter Balears, que a día de hoy representa a más de cien profesionales del sector, entre autónomos y empresas. En la fase de audiencia e información pública del proyecto, esta asociación ha presentado diversas alegaciones. Así ante la obligación de disponer de amarre fijo señalan que «la escasez de amarres autorizados en puerto impediría a las empresas cumplir con este requisito» y proponen «facilitar el embarque mediante la instalación de muelles habilitados».

«Que en Talamanca haya un espacio. Que pongan dos o tres marineros allí con una emisora y te cobren por hacer un embarco o desembarco. Así lo tienes regulado, la administración saca un dinero y evitas el chárter ilegal», comenta el Fernando Sobreira, de la empresa Seaside Holidays, y que también está en contra de la propuesta del Govern. «En Grecia, por ejemplo, la mayoría de amarres son públicos. Aquí, el mero hecho de cargar agua es casi una misión imposible», explica este empresario, que señala también que el colapso que se vive en las marinas en Ibiza comporta que vaciar las aguas negras «sea toda una odisea».

Aguirre es de la misma opinión: «La solución sería poner un pantalán con amarres de chárter, que se alquilen por un tiempo. Las puedes poner en Talamanca o en Porroig. Que se pague por horas. ¿Haces agua? Pagas por eso. ¿Dejas o recoges clientes? Pagas por eso. Es una solución viable. Es lo que se hace en todas partes».

«Si quieren evitar el chárter ilegal, para eso ya está la Guardia Civil. Pero lo único que conseguirán con esto es meternos todos en el mismo saco y quitarles el pan a muchas personas, entre ellos, a socios de la Pimeef. Deberían escucharnos y modificar este proyecto», concluye Arroyo.

Pese a estas críticas, el portavoz de la Asociación de Náutica de Ibiza y Formentera considera que «de entrada, el concepto del decreto es el acertado, según desde nuestro punto de vista». No obstante, según Van der Hooft, cualquier legislación será ineficiente sin un sistema de control adecuado: «Esperemos que las administraciones tengan las competencias y los recursos necesarios».

FUENTE:  https://www.diariodeibiza.es/ibiza/2025/03/16/decreto-evitar-pirateria-charter-nautico-115334229.html